La Conferencia Episcopal de Costa Rica
ante campaña de información del periódico La Nación

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, en vista de la campaña de informaciones distorsionadas desplegada en las últimas semanas por el diario La Nación con la que se pretende dañar la reputación de la Iglesia y cuestionar sus actos y buen proceder, en honor a la verdad y por respeto a las personas de buena voluntad, aclaramos:

1. El día viernes 11 de abril del 2008, el periódico La Nación informa: “Usaron estructura de la Iglesia para negocio financiero” e indica que “contador de la Iglesia creó sociedad que prestó tres millones de dólares”; señala la nota: “Obispo demandado- Deudora suiza demanda a Monseñor Ulloa por presunta administración fraudulenta y “Sacerdote Gódinez asegura que su firma en varios cheques se puso sin su consentimiento”. La información así presentada es correcta pues ella da cuenta de que terceros usaron la estructura de la Iglesia y cometieron actos irregulares en los cuales la Iglesia es víctima y no partícipe de ello.
2. Vista la gravedad de estos hechos, los Obispos: Monseñor José Francisco Ulloa, Monseñor Ángel San Casimiro y Monseñor Hugo Barrantes, nos sentimos en la obligación de aclarar y ampliar lo ocurrido ante el director de La Nación y los periodistas responsables por lo que concertamos una cita con el Sr. Alejandro Urbina quien se hizo acompañar de don  Armando González incorporándose, posteriormente a la reunión, Ernesto Rivera y Gianinna Segnini. En dicho encuentro se les explicó lo sucedido en la Unidad Servicios Pastorales y se les ofreció entregar copia de la investigación jurídica realizada por el Lic. Carlos Vargas Pagán que acreditaba los lamentables hechos que, a su vez, dieron base para los préstamos irregulares a la Señora Ana Moscarelli y a los reclamos y denuncias que esta presentó. En esta reunión se respondieron las inquietudes manifestadas, no obstante, el giro de la conversación, el tono y tipo de preguntas por ellos formuladas nos evidenciaron dos aspectos: Primero, que el interés de este Medio no era informar amplia y neutralmente sobre el caso Moscarelli, sino cuestionar el manejo de los recursos de la Iglesia. Segundo, en ese cuestionamiento a la Iglesia los mismos tenían un prejuicio y una visión establecida condenando a la Iglesia por un supuesto manejo irregular de sus recursos.
3. Por las causas expuestas y ante el manifiesto propósito de distorsionar la verdad y prejuzgar a la Iglesia sobre el recto manejo de estos recursos, los Obispos optamos por no dar declaraciones  a los periodistas de La Nación. De hecho no nos equivocamos al tomar esta actitud pues La Nación, desde esa fecha, ha iniciado una campaña intencionada que deforma los hechos de manera tal que la Iglesia aparezca como responsable de supuestos actos irregulares y no como la víctima de un desfalco que fue lo que en realidad ocurrió.
4. Así, como prueba irrefutable de esta campaña de descrédito y desinformación presentamos los siguientes hechos:
   •  Con la nota“‘Offshore’ panameña maneja dinero de la Iglesia Católica” (17- abril-2008), pretendieron presentar este hecho como algo irregular distorsionando. Téngase presente que las Offshore no son ni constituyen una actividad irregular como lo presenta La Nación. Esta información no era nueva ya que, desde el año 2002, el Semanario El Financiero, del mismo Grupo Nación, había recogido amplias informaciones de la estructura económica que maneja la Iglesia y su relación con el Grupo Sama, siendo esta alusión un “refrito” periodístico  que ahora se pretende presentar como un hecho negativo en esta campaña de descrédito.
   • Con el titular: “Iglesia mantiene intermediación financiera”…“ Tienen rendimientos- Religiosos de Guatemala y Costa Rica invierten dineros en Conferencia Episcopal”, (18 de abril del 2008) se da una tendenciosa y calumniosa ya que se trataba de otro refrito pues, en el diario Al Día  el 10 de enero del 2006, se informaba:  “Iglesia tica maneja dinero del clero guatemalteco”. Al retomar la nota e introducirla con clara intención en la campaña que lleva, lo hace con el propósito de desinformar sobre los manejos de la Iglesia y presentarla, una vez más, como si estuviera cometiendo un delito.
   • Posteriormente, con la información en primera página, el 24 de abril del 2008 La Nación afirma: “La Iglesia y Sama previeron ilegalidad de crédito a hotelera” con lo cual pretenden poner a la Iglesia y a Sama como conocedoras de situaciones ilegales y actuando indebidamente, creando un clima sospechoso y morboso en detrimento de la Iglesia para sustentar la campaña de distorsión que han llevado adelante. No obstante, al día siguiente, el mismo diario en cuestión, con el título “Cláusula que prevé ilegalidad es normal en contratos”  se ve obligado a reconocer la falsedad de las afirmaciones publicadas. Resulta obvio subrayar que esta rectificación no tiene el mismo despliegue ni explicación con el que hicieron circular la falsedad.
   • Por otra parte, el día 15 de mayo La Nación informa en titular de primera página: “SUGEF denuncia delito en la Conferencia Episcopal” Superintendencia halló indicios de intermediación financiera ilegal- Gerente de SAMA pidió demorar cinco meses inspección de la SUGEF en la Conferencia Episcopal”. Nuevamente, esa nota demuestra la campaña difamatoria intentada por La Nación pues, es falso que el gerente de SAMA pidiera demorar cinco meses esta inspección. Como en la propia denuncia que hace la SUGEF al Ministerio Público se reconoce que a ellos,  como ente competente, se les “informó”: “La desaparición de los respaldos de las transacciones”, situación muy distinta a la supuesta intención de retrasar la investigación. Esa información es tendenciosa por omisa pues nunca indica que la denuncia hecha por la SUGEF recoge los hechos que la misma CECOR denunció y puso en su conocimiento desde diciembre del 2007 y que precisó con la entrega del informe del Lic. Vargas Pagán en enero del 2008. En esos hechos, la Iglesia es víctima como se había informado correctamente en La Nación del 11 de abril y nunca actora ni partícipe de esas irregularidades como ahora pretende presentar a toda costa La Nación.
   • El último eslabón de esta cadena de desinformación y descrédito contra la Iglesia lo comete La Nación con el titular del día 22 de mayo al afirmar: “Conferencia Episcopal giró dinero hacia Panamá para evitar a SUGEF”… “Fondos se trasladaron a sociedad panameña controlada por la Iglesia…-Inversores dicen que operaciones no eran secreto entre allegados al clero…- Sociedad en Panamá se creó cuando SUGEF investigaba a CECOR”. El titular es falso y la información tiene el propósito de presentar a la Iglesia incurriendo en irregularidades y actuando al margen de la ley, como si existiera  en la constitución de Servicios Pastorales Latinoamericanos en Panamá un pre ordenamiento doloso para evitar un control legítimo de la SUGEF y continuar con una actividad irregular. La falsedad es  evidente pues debe tenerse presente que la primera investigación de la SUGEF en Servicios Pastorales  Costa Rica se inició a finales de noviembre del 2004 y, antes de esa fecha, no existía ningún reproche por parte de la SUGEF en las operaciones de Servicios Pastorales ni en la permanencia de recursos de laicos. Consecuentemente, es falso y absurdo afirmar que la Iglesia “para evitar a SUGEF creó en octubre del 2004 sociedad en Panamá…-“fundada en momento crítico”, pues, lo cierto es que la investigación de SUGEF inicia hasta noviembre del 2004 y la necesidad de la exclusión de los recursos de los laicos en Servicios Pastorales se da meses después. La Nación señala que Servicios Pastorales Latinoamericanos se crean en momento crítico para evitar controles y en el contenido de la información se relatan supuestos pases de inversionistas de Costa Rica a Panamá, manipulando la secuencia cronológica para sugerir actos incorrectos y ubicar la creación de Servicios Pastorales Latinoamericanos como parte de la “Telaraña” por ellos tejida.

Los Obispos reafirmamos que, más allá de esta campaña de desprestigio permanente de La Nación cuyas intenciones reales desconocemos, la verdad establecida y reconocida en la propia denuncia que transmitió la SUGEF a la Fiscalía General de la República:

                

·        En diciembre de 2004 la SUGEF analizó las operaciones de Servicios Pastorales y determinó que, una pequeña parte de ellas (relativa a recursos de laicos) podía ser considerada intermediación financiera ilegal. En estas circunstancias SUGEF ofrece a la Iglesia la opción de inscribirse como un ente supervisado o bien, excluir a los laicos de sus operaciones.

·        Vista su vocación Pastoral, la Iglesia optó por excluir a los laicos del sistema, proceso que culminó en abril del 2006 con la supervisión de la SUGEF. En esta etapa se hizo devolución de dineros a los interesados sin que se afectara a nadie. Lamentablemente, en el periodo analizado por la SUGEF se ocultó a la Jerarquía Eclesiástica y a la SUGEF misma que alguna persona encargada de la administración de Servicios Pastorales cometió irregularidades y se reservó una pequeña cartera de laicos para utilizar estos recursos como caja chica para la práctica de préstamos mercantiles. En estos hechos no participó la jerarquía eclesiástica ni tuvo conocimiento de ellos.

·        Cuando se acreditó la situación anterior, se ordenó de inmediato su corrección y los Obispos pusimos en conocimiento de la SUGEF   (diciembre del 2007) el desfalco ocurrido y los hechos lamentables acaecidos en Servicios Pastorales. En los meses de enero, marzo y abril, la SUGEF constató la veracidad de estos hechos y decidió trasladarlos al Ministerio Público. En esta misma denuncia la SUGEF reconoce que no hay evidencia que haga concluir que los Obispos teníamos información o estuviéramos involucrados en dichos actos; además, insiste la SUGEF, no se tiene conocimiento de la existencia de personas físicas o jurídicas que hayan sido afectadas por dichas actividades. Por último reconoce que hay un informe jurídico que señala que la CECOR fue víctima de un fraude.

 

 ·        En conclusión, y con este marco de acontecimientos, queda claro que la Iglesia ha sido víctima de un fraude y no partícipe de situaciones irregulares como de forma insistente y vehemente ha presentado el periódico La Nación. 

 

Dado en San José el día 22 de mayo del 2008

Firman: Obispos de Costa Rica